Los pueblos indígenas se gobiernan desde hace mucho tiempo. Y lo hacen aprovechando las formas que les permiten leyes y autoridades civiles. Muchos municipios indígenas son gobernados por indígenas y sus cabildos, y tienen al frente sus propias autoridades tradicionales que asumen formas modernas de gobierno.
Además, hoy, la constitución política mandata que se tomen en cuenta a los pueblos indígenas en la división distrital uninominal para las elecciones de diputados federales.
Estas son formas de representación que posibilitarán una mayor participación política y que, creemos, permitirán construir formas de gobierno indígena que sean reconocidas por las autoridades no indias y sus leyes. También posibilitará reconocer, legal o formalmente, aquellas expresiones tradicionales ligadas a formas culturales o religiosas que, por lo general, se asumen en el ámbito de la vida interna de las comunidades.
Los gobiernos tienen que reconocer los derechos de los pueblos indígenas a la propiedad, control y la protección de su patrimonio cultural, artístico, espiritual, natural, tecnológico y científico, y a la protección legal de su propiedad intelectual y de la biodiversidad de los espacios que habitan. Han sido creaciones propias, son sus maneras de relacionarse con la naturaleza y de resolver su pertenencia ancestral a este mundo.
Hoy nadie puede negar la presencia viva de los pueblos indígenas, sus aportes y soluciones a los problemas del mundo moderno. Nadie debe aceptar hoy el dominio de un pueblo sobre otro. Quien lo hace no reconoce al otro como igual. Por esta razón cada uno de los pueblos indígenas busca la igualdad de oportunidades, exige el derecho a administrar sus propios asuntos, comunitarios, regionales o nacionales. Cada integrante de un pueblo indígena espera ser tomado en cuenta en el diseño de las políticas públicas que le atañen.
Los pueblos indígenas creen en el reconocimiento de la diversidad cultural como un derecho público; en que el Estado tiene la obligación de hacer que coexistan sus formas de gobierno, sus lenguas, valores, identidad cultural, derechos plenos. Tienen la certeza de que, en el futuro, su permanencia como pueblos está garantizada en condiciones de mayor equidad socio-política y con mejores niveles de salud, educación, vivienda, ingresos, empleo.
Si los países del mundo, o, si la Nación mexicana no acepta a sus pueblos indígenas de manera plena, si cada uno de sus funcionarios, los ciudadanos y sus familias no reconocemos a los pueblos indígenas en cada momento de nuestra vida como mexicanos, no solucionaremos los problemas que actualmente vivimos. Las decisiones de los indígenas y sus gobiernos deben ser acatadas por los no indígenas con base en el diálogo y el respeto pero, sobre todo, con la firme convicción que somos iguales a los tarahumaras, a los triquis, a los choles, a los coras, nahuas, mayas o cualquier otro mexicano indígena. Lograr esto será aplicar, en los hechos y en nuestra vida cotidiana, el concepto de multiculturalidad que tanto nos enorgullece como Nación.
Por estas razones, en México estamos luchando por reconocer los derechos colectivos, culturales y de identidad de los pueblos indígenas, como una de las garantías de nuestra constitución política y en las leyes que se aplican dentro de nuestros marcos jurídicos vigentes. Trabajamos para que se vayan satisfaciendo las demandas históricas de los pueblos y comunidades indígenas. Estas son sus demandas actuales y se traducen en una lucha por la restitución de sus bienes y patrimonios, es decir por la recuperación de sus tierras ancestrales con dominio pleno, incluidas la administración, acceso y disfrute de los beneficios por la explotación de los recursos naturales. Igualmente, exigen el reconocimiento de sus derechos económicos, sociales, culturales y políticos.
Esto se traduce en que sean reconocidas las autoridades que nombran de acuerdo con su costumbre y en que sean aceptadas como cualquier otra autoridad del Estado mexicano. Asimismo, que las formas en que son electos también sean válidas ante los sistemas electorales de los estados de la Federación. Por ello es importante que existan Instituciones que den validez y fortaleza a las decisiones de los pueblos indígenas. Lograrlo será, sin duda, un paso más en el fortalecimiento de los Derechos Humanos de los pueblos indígenas.
Desde 1992, México se reconoció como una Nación pluricultural y, en el año de 2001, la Reforma Constitucional llevó a la aceptación de Derechos de los pueblos indígenas.
Este es un hecho de una gran importancia pues, sobre la base de esta autonomía, los pueblos determinarán libremente su condición política, su desarrollo económico, social y cultural, así como el derecho a conservar y reforzar sus propias identidades, sus sistemas jurídicos, manteniendo, a la vez, sus derechos a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado mexicano. Las entidades federativas deben garantizar su cabal cumplimiento y asegurar la participación de los pueblos indígenas.
Existen todavía asuntos pendientes, como el reconocimiento pleno de los pueblos indígenas como sujetos de derecho y un gran diálogo sobre el reconocimiento a sus territorios. Se acompañan de reclamos por servicios que otros mexicanos ya tienen resueltos como lo son el derecho a la salud, a la educación, al desarrollo, a la preservación de su patrimonio cultural y la propiedad intelectual de sus sabidurías y conocimiento ancestral. Esperan de los no indígenas la igualdad en las oportunidades y que realmente no exista discriminación.
Los pueblos indígenas de México quieren sobrevivir como nahuas, tzeltales, zapotecos, mazahuas, yaquis, mixtecos, mayas, chatinos, en sus tierras originales, o en cualquier estado de la República, con dignidad y en armonía con los demás mexicanos. Los indígenas quieren mantener su identidad espiritual, conservar sus dioses y templos, sus maneras de hablar y de pensar, su forma de ser mexicanos; quieren hacer realidad la posibilidad de vivir en una Nación que los respeta.
Por eso la resolución de innumerables conflictos que existen en las regiones indígenas son asuntos prioritarios. Los pueblos reclaman que la dignidad y diversidad de sus culturas, tradiciones, historias y aspiraciones, se reflejen debidamente en todas las formas de educación e información pública. Al mismo tiempo, exigen a los Gobiernos Federal, Estatales y Municipales que los consulten y que obtengan su consentimiento, con libertad y conocimiento, antes de aprobar cualquier proyecto que afecte sus tierras, territorios y otros patrimonios naturales.
Exigen, igualmente, el cumplimiento y respeto de sus Derechos Humanos, así como la adopción de medidas eficaces para combatir los prejuicios y la discriminación y promover la tolerancia, la comprensión y las buenas relaciones entre los pueblos indígenas y todos los demás sectores de la sociedad.
En la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Institución del Gobierno Federal, no podemos dejar de atender las demandas de los pueblos y de buscar cómo solucionarlos. La Comisión, tiene como una de sus prioridades promover y respetar los Derechos de los pueblos indígenas e impulsar su desarrollo integral. Esta tarea, por sus dimensiones, necesita del concurso de todos los mexicanos. No es únicamente una tarea del gobierno, ni de los pueblos indígenas, sino de todos los integrantes de la Nación mexicana.
Creemos que este camino es una manera de contribuir a la Reforma del Estado mexicano, de un Estado que reconozca la diversidad de los pueblos en su interior y garantice, a todos sus ciudadanos, la igualdad, el respeto a la diversidad y a la diferencia en el mundo de lo civil, social, político y pluricultural. Con ello esperamos acercarnos a una mejor y mayor democracia para todas y todos los mexicanos.
FUENTE:http://www.cdi.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=1387&Itemid=24